En el lanzamiento del sistema digital Soy Río Negro, Weretilneck dejó expuesto el nuevo circuito de su maquinaria digital: los organismos podrán aportar listas de teléfonos para que RíoBot envíe mensajes incluso a personas que nunca utilizaron el servicio. Los datos pasarán por proveedores privados y plataformas internacionales.
Alberto Weretilneck no presentó solamente una aplicación para hacer trámites. Puso en funcionamiento una infraestructura que conecta la identidad de los rionegrinos, los organismos provinciales, WhatsApp y empresas extranjeras.
La revelación está en la Política de Privacidad de RíoBot 2.0. El documento admite que el Gobierno podrá enviar “avisos institucionales” a listas de números aportadas por organismos provinciales, aunque esas personas nunca hayan escrito a RíoBot.
El mecanismo reproduce el corazón de Estado Intruso: un organismo entrega una base de ciudadanos y una plataforma tecnológica ejecuta los mensajes sobre teléfonos particulares.
Antes, las listas llegaban a la Secretaría de Medios y Botview realizaba los envíos. Ahora, los organismos podrán cargarlas en RíoBot y el circuito involucrará a Kapso, WhatsApp y Meta.
La política admite que los mensajes pueden incorporar datos que identifiquen o ubiquen al destinatario, como su nombre o localidad. Esa información será transmitida al proveedor del canal y a Meta para concretar el envío.
Además, las conversaciones se alojarán en Google Cloud, en São Paulo, mientras determinados servicios de inteligencia artificial y seguridad podrán procesarse en Estados Unidos. El lanzamiento promocionado como “soberanía tecnológica” implica, por lo tanto, circulación internacional de información personal.
El problema jurídico es todavía más profundo.
Para justificar el tratamiento de los datos, el Gobierno vuelve a invocar el artículo 5.2.b de la Ley 25.326: la excepción que permitiría prescindir del consentimiento cuando actúa el Estado. Es el mismo artículo utilizado para defender los envíos de Botview y la biometría obligatoria. También es el artículo que la Corte Suprema declaró inconstitucional en Torres Abad.
Pero la propia política reconoce que la transferencia internacional necesita consentimiento expreso. Según el documento, ese permiso se obtiene cuando el usuario toca “Acepto” antes de conversar con RíoBot.
¿Qué ocurre, entonces, con una persona incluida en una lista estatal que nunca habló con el bot, nunca vio la advertencia y nunca presionó “Acepto”?
El Gobierno no lo explica.
También incorporó el comando “BAJA”, pero no funciona como autorización previa. Primero el mensaje entra al WhatsApp del ciudadano. Recién después puede responder con esa palabra exacta para impedir futuros envíos.
La presentación oficial no destacó esta posibilidad. La explicación aparece en la sección 12 de una política de privacidad de 21 apartados. Tampoco se exige que cada mensaje no solicitado informe de manera visible qué organismo entregó el número, por qué lo hizo y cómo impedir nuevos contactos.
Sin embargo, el nuevo documento produce una conquista concreta para la ciudadanía y un triunfo político de Estado Intruso.
Cuando el primer RíoBot comenzó a funcionar en abril, el Gobierno no publicó garantías accesibles sobre consentimiento, proveedores, transferencias internacionales, conservación o eliminación de datos. Frente a la Legislatura, tampoco pudo exhibirlas para justificar el circuito de Botview.
Después de nuestra investigación, el pedido de informes y los fallos judiciales, RíoBot 2.0 aparece acompañado por la primera política pública localizada —identificada como “Versión 1.0, octubre de 2026”— y ahora Weretilneck tuvo que identificar proveedores, establecer plazos, registrar los envíos masivos, reconocer el derecho de baja y explicar hacia dónde circula la información.
No hace falta que el Gobierno confiese que cambió por Estado Intruso. La secuencia institucional habla sola: las garantías que ahora escribe son exactamente las que nuestra investigación demostró que faltaban.
Pero la corrección quedó incompleta. Al transparentar parcialmente el sistema, Weretilneck terminó confirmando el núcleo de la denuncia: el Estado conserva la facultad de ingresar a tu WhatsApp aunque nunca hayas solicitado el contacto.
Estado Intruso obligó al Gobierno a mostrar los cables de su maquinaria digital. Y cuando abrió la carcasa, comprobamos que el mecanismo continúa: primero entra a tu teléfono; después te ofrece la salida.
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