La opacidad es una forma de organizar el poder. Concentra información en quienes toman decisiones, dificulta la vigilancia social y permite que la distribución de cargos, ingresos e influencias transcurra lejos del escrutinio público. La investigación de LABORATORIO 2.9.20 ubicó a Río Negro en el último lugar de la comparación patagónica.
El Índice Patagónico de Transparencia del Poder, presentado el 10 de marzo de 2026, permitió comparar esa estructura con una regla común. Río Negro obtuvo 12 puntos sobre 100. Tierra del Fuego alcanzó 100; Chubut, 87; Santa Cruz, 61; y Neuquén, 37.
Río Negro, última en transparencia del poder en la Patagonia.
Con 12 puntos sobre 100, Río Negro ocupa el último lugar entre las cinco provincias relevadas.

La provincia gobernada por Alberto Weretilneck reunió tres características simultáneas: patrimonio de funcionarios inaccesible para la consulta ciudadana ordinaria, salarios políticos que dejaron de identificarse en las liquidaciones públicas examinadas y ausencia de una oficina anticorrupción específica. Fue la única de las cinco jurisdicciones analizadas que combinó esas tres condiciones.
La desigualdad es política: el Estado exige datos sobre los ingresos y bienes de la sociedad, mientras la ciudadanía encuentra barreras para conocer el patrimonio y la renta de sus gobernantes.
EL PATRIMONIO BAJO LLAVE
La Ley de Ética e Idoneidad de la Función Pública obliga a los funcionarios alcanzados por su régimen a presentar declaraciones juradas patrimoniales. Su artículo 16 ordena al Tribunal de Cuentas preservar la confidencialidad de esos datos. Sin embargo, la consulta ciudadana ordinaria queda fuera del régimen de apertura.
El vecino que financia al Estado debe depender de una investigación habilitada, una filtración o una reconstrucción periodística para conocer cómo evoluciona el patrimonio de sus gobernantes.
Saber con qué bienes entra una persona al gobierno y con cuáles sale permite detectar variaciones y exigir explicaciones. El cierre de esa información traslada esa capacidad desde la sociedad hacia un pequeño conjunto de autoridades.
Tres ceros explican el último puesto de Río Negro.
La provincia obtuvo 0 puntos en declaraciones juradas, salarios políticos y organismo específico de integridad. Sus únicos 12 puntos corresponden a información institucional.

La misma ley, en su artículo 17, permite publicar voluntariamente las remuneraciones y declaraciones juradas en el Boletín Oficial, sin cargo. Los funcionarios tienen hoy una vía legal para mostrar esa información. La publicidad de su patrimonio también depende de una decisión personal y política.
Tierra del Fuego permitía consultar las declaraciones y obtener copias. Chubut y Santa Cruz ofrecían accesos condicionados. Neuquén mantenía el secreto patrimonial, pero publicaba escalas salariales de sus autoridades. Río Negro acumulaba restricciones en ambos frentes.
LOS SALARIOS DEJARON DE VERSE
Nuestra investigación comprobó que, desde mediados de 2024, los haberes de funcionarios políticos del Ejecutivo dejaron de identificarse en las liquidaciones públicas relevadas. 2.9.20 verificó ese cambio en tres jurisdicciones del Ejecutivo.
Ministros, secretarios, subsecretarios y directores quedaron fuera de la visibilidad que ofrecía esa vía de consulta. El retroceso fue registrado en el área de Función Pública, con Tania Lastra al frente, durante la gestión de Weretilneck.
El salario de un funcionario integra el costo de gobernar. Su publicidad permite comparar responsabilidades y remuneraciones y discutir cómo se distribuyen los recursos. Cuando el dato desaparece, la sociedad pierde una herramienta para evaluar a quienes deciden sobre su dinero.
Los ingresos de trabajadores públicos y privados son objeto permanente de comparación y debate. La ciudadanía puede conocer el esfuerzo que se exige a una familia. La renta política queda resguardada detrás de una administración que dificulta identificar cuánto perciben sus autoridades.
La tercera barrera fue institucional. Río Negro cuenta con una Fiscalía de Investigaciones Administrativas, pero no tiene una oficina específica de integridad o anticorrupción comparable con las de otras provincias.
Tierra del Fuego tenía una Oficina de Ética Pública; Chubut, una Oficina Anticorrupción. La organización del control responde a decisiones políticas: crear instancias especializadas y hacer visible su actuación amplía las herramientas para examinar al gobierno.
LA PROTECCIÓN DEL CÍRCULO DE PODER
Cada dimensión del índice podía aportar 25 puntos: declaraciones juradas, salarios políticos, organismos de integridad e información institucional. Río Negro obtuvo cero en las primeras tres y apenas 12 por disponibilidad parcial de información en la cuarta.
Ese resultado sostiene nuestra definición de capitalismo familiar de Estado: una dinámica en la que la cercanía personal, familiar o política con el vértice del gobierno facilita el acceso a cargos, posiciones estratégicas y espacios de influencia. La opacidad favorece su reproducción porque reduce las posibilidades de observar quién accede, cuánto recibe y cómo evoluciona su patrimonio.
La ley ya permite abrir el patrimonio del poder.
Cada funcionario puede publicar gratuitamente su declaración patrimonial y sus remuneraciones en el Boletín Oficial. La decisión está en sus manos.

La transparencia permite que periodistas, organizaciones y ciudadanos contrasten decisiones, reconstruyan relaciones y exijan respuestas. Su ausencia favorece a quienes controlan los recursos y las vías de acceso al Estado.
Weretilneck debe responder por esa arquitectura institucional. Impulsar la apertura de las declaraciones juradas, publicar las remuneraciones políticas y fortalecer controles especializados son decisiones de gobierno. El último puesto patagónico identifica una responsabilidad: cuánto está dispuesto el poder a mostrar de sí mismo.
La democracia necesita que quienes gobiernan puedan ser medidos por la sociedad que los sostiene. En Río Negro, el poder exige información hacia abajo y preserva oscuridad hacia arriba. Ese privilegio es parte del modelo que 2.9.20 pone en discusión.




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