Once legisladores opositores de Río Negro denunciaron ante el Consejo de la Magistratura a los funcionarios que intervinieron en el archivo de la causa por amenazas de muerte y hostigamiento contra el periodista Gonzalo Santos. El planteo alcanza al fiscal jefe Hernán Trejo, que confirmó el cierre el 30 de septiembre, y reclama investigar un posible mal desempeño.
La presentación reúne a José Luis Berros, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé, Ayelén Spósito y Fabián Pilquinao, de Vamos con Todos; Patricia Mc Kidd, Santiago Ibarrolaza, Gabriela Picotti, Claudio Doctorovich y Daniel Sanguinetti, del espacio Cambia Río Negro, referenciado en el diputado nacional Aníbal Tortoriello; y Marcela González Abdala, de La Libertad Avanza.
Esa convergencia le da al pedido un alcance político que atraviesa diferencias ideológicas. Sectores enfrentados en la política nacional coinciden en exigir que se examine cómo actuó la Justicia provincial frente a las amenazas contra un periodista que investiga al poder.
Los denunciantes piden evaluar incumplimientos funcionales, negligencia grave, arbitrariedad y una eventual afectación de la libertad de expresión y del acceso a la justicia. Solicitan el expediente íntegro, informes sobre las medidas ordenadas y rechazadas y que se determine si quedaron diligencias pendientes para identificar al usuario de una conexión vinculada con una funcionaria provincial.
LA INVESTIGACIÓN
El caso empezó con mensajes dirigidos a la esposa de Santos desde fines de abril. El 16 de mayo, el periodista denunció una llamada en la que una mujer anunció que su hermano llegaría a hacer «justicia por mano propia». En junio se sumaron una publicación falsa en Facebook, la exposición de su teléfono, chats apócrifos y un video manipulado. Santos se constituyó como querellante y amplió la denuncia.
La propia pesquisa aportó una pista precisa: WhatsApp informó la última dirección IP de la cuenta investigada y los datos obtenidos mediante OITEL la asociaron con Erika Leonor Araneda, delegada del Registro Civil en Cipolletti y militante de Juntos Somos Río Negro, el partido del gobernador Alberto Weretilneck.
Esa asociación técnica no identifica por sí sola a quien escribió los mensajes o realizó la llamada. Precisamente por eso, la querella reclamó ampliar la información del proveedor y convocar a Araneda para esclarecer quién utilizaba la conexión y qué relación tenía con las comunicaciones investigadas.
Trejo reconoció la pista como un «dato objetivo», pero rechazó esas diligencias. Sostuvo que no permitían prever razonablemente que pudiera superarse la insuficiencia probatoria. También cuestionó la entidad penal de las expresiones denunciadas y la corroboración del contenido de la llamada. La resolución confirmó el archivo dispuesto por la fiscal Paula de Luque.
Allí se concentra el cuestionamiento: qué fundamento tuvo la decisión de abandonar esa línea y si era razonable exigir un vínculo adicional mientras se descartaban las medidas propuestas para reconstruirlo. La denuncia pide que el Consejo evalúe si el cierre fue prematuro o arbitrario y determine las responsabilidades correspondientes.
La investigación de 2.9.20 hizo pública la conexión que figuraba en el expediente y reconstruyó, mediante documentos y fuentes, la inserción de Araneda en la estructura política y territorial del oficialismo. Ese trabajo colocó la respuesta judicial bajo discusión pública. Ahora, sus hallazgos forman parte del problema que los legisladores llevan al órgano de control.
El escrito ofrece como prueba tres comunicados del Foro de Periodismo Argentino: los del 18 de mayo, 18 de junio y 6 de octubre. FOPEA reclamó investigar las amenazas, advirtió sobre la escalada del hostigamiento y cuestionó el archivo sin profundizar la pista asociada con una funcionaria provincial.
En paralelo, sectores opositores impulsan denuncias contra integrantes del Superior Tribunal de Justicia. La simultaneidad abre una discusión sobre los controles y la independencia de las instituciones rionegrinas.
Weretilneck presenta a Río Negro como una provincia que funciona con normalidad y tiene rumbo. La denuncia introduce una pregunta sobre las condiciones de ese orden: qué protección recibe quien investiga al poder y qué controles operan cuando se cuestiona a quienes deben garantizarla.
El Consejo tendrá que responder sobre la actuación de los funcionarios denunciados. Para la sociedad queda un interrogante más amplio: cuánto vale la proclamada normalidad institucional si un periodista amenazado debe seguir reclamando que se esclarezca quién lo hostigó y por qué la investigación se detuvo.
González Abdala, de LLA; Berros, del peronismo e Ibarrolaza, del partido provincial de Aníbal Tortoriello: referentes legislativos de los bloques que impulsan la denuncia.
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