Estado Intruso: del celular al rostro, la maquinaria de datos ¿ilegal? de Weretilneck

En el primer semestre de 2026, la Subsecretaría de Medios de Río Negro adjudicó seis contrataciones directas a Botview por $191.385.000, con capacidad para unos 600.000 mensajes de WhatsApp. Los documentos identificaban a la empresa, el precio y el servicio. El Gobierno compró la posibilidad de entrar masivamente a los teléfonos de los ciudadanos sin explicar de dónde salían esos números ni para qué los habían entregado sus titulares.

Publicado el 2 de junio, ese hallazgo abrió Estado Intruso. La investigación de 2.9.20 siguió los contratos, probó RíoBot, documentó exigencias de la Agencia Provincial de Recaudación y examinó la biometría laboral. Los recorridos mostraron cómo el Estado obtiene datos de quienes necesitan un servicio, deben pagar impuestos o dependen de su empleo y cómo el Gobierno extiende su poder sobre esa información.

El negocio de llegar al teléfono

La auditoría de 2.9.20 alcanzó 17 procedimientos directos vinculados con Botview entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026. Al corte del 11 de septiembre, quince estaban adjudicados por $343.627.500 y dos publicados por $63.795.000: un valor nominal de $407.422.500. Once documentos explicitaban cupos por 1.020.000 mensajes: 820.000 adjudicados y 200.000 en las convocatorias sin adjudicación visible.

La repetición de las compras acredita una estructura sostenida. El área encargada de difundir la gestión financia un canal para alcanzar a las personas dentro de la aplicación donde transcurren sus vínculos familiares y laborales. La contratación de la herramienta se hace pública, pero el ciudadano sigue sin poder reconstruir por qué fue seleccionado como destinatario.

El 3 de junio, nueve legisladores de tres espacios políticos diferentes presentaron el Pedido de Informes 683/2026. Sus veinte preguntas recogían lo que los contratos dejaban sin respuesta: origen de las bases, consentimiento, acceso privado, conservación, bajas, trazabilidad y eventual uso partidario. Modernización y Secretaría General pidieron prórrogas. Salud contestó sobre un chatbot de turnos hospitalarios, un servicio distinto de la mensajería masiva de Medios.

En septiembre, las respuestas describieron el circuito: organismos provinciales aportan listados y una estructura central ejecuta los envíos mediante una empresa privada. El Gobierno justificó esa circulación por sus facultades estatales. La explicación confirmó la relación entre las bases públicas y el servicio contratado, sin devolver al ciudadano la decisión sobre una información que entregó para otra finalidad.

La necesidad como puerta de entrada

En la Agencia de Recaudación Tributaria que conduce Alejandro Palmieri, la forma de obtener la entrada a los teléfonos de los rionegrinos podía verse en una pantalla. El 7 de junio, durante una navegación documentada por 2.9.20, la plataforma exigió constituir el domicilio fiscal electrónico e informar un celular válido para operar con clave fiscal. Un reempadronamiento intespestivo. Al intentar continuar sin completar el requerimiento, el acceso quedó bloqueado. El contribuyente debía entregar el número de teléfono para cumplir su obligación tributaria; rechazarlo le impedía acceder al trámite.

La prueba controlada de RíoBot mostró otro modo de reunir información. En la conversación, el sistema recibía teléfono, nombre visible, horario y opciones elegidas. Los menús ofrecían salud, educación, empleo, créditos y ayudas. Cada consulta podía asociar un identificador personal con una necesidad concreta. Quien administra el canal obtiene así la posibilidad de volver a contactar a una persona conociendo el problema por el que acudió al Estado. Un mapa digital de las necesidades de los rionegrinos en poder del partido de Estado que gobierna hace casi 15 años.

La dependencia vuelve políticamente valiosa esa información. El Estado provincial concentra empleo, prestaciones y asistencia; dispone de una posición privilegiada para conocer las dificultades de la población. Bajo el gobierno de Juntos Somos Río Negro, ese aparato sostiene también la comunicación del oficialismo. La separación entre servicio público, promoción de la gestión y construcción partidaria necesita controles que puedan verificarse desde afuera. Una autorización entre oficinas conserva la decisión dentro del mismo poder que reúne los datos y puede beneficiarse con su utilización.

En Salud, la exigencia avanzó sobre el rostro. La Resolución 986/2026 impuso el registro de asistencia por biometría facial; la marcación mediante la aplicación móvil utilizaba geolocalización. El Gobierno invocó su facultad de controlar el presentismo. El empleado debía aportar esos datos al mismo poder que administra su salario y puede sancionarlo. La libertad para decidir sobre la propia información quedaba condicionada por la relación laboral, como el acceso al trámite había condicionado la del contribuyente.

La información sigue perteneciendo a la persona

La Ley 5793 creó el Ecosistema Digital de Integrabilidad de Río Negro para conectar sistemas y facilitar intercambios entre organismos. Evitar trámites repetidos tiene utilidad pública, pero integrar información amplía también el poder de quien administra sus accesos. Haber entregado un dato a Recaudación, a un hospital o a un área social no convierte a su titular en un destinatario disponible para cualquier otra oficina. La finalidad que justificó pedirlo limita su utilización.

Para defender su actuación, el Gobierno invocó el artículo 5.2.b de la Ley 25.326, que exceptúa del consentimiento ciertos datos recabados por funciones estatales u obligaciones legales. La Corte Suprema examinó esa pretensión el 30 de abril, en Torres Abad: una jubilada entregó a la ANSES teléfono y correo y se opuso a su cesión a Comunicación Pública para otra finalidad. Declaró inconstitucionales en ese caso aquella excepción y las de cesión del artículo 11.3.b y c. Ser parte del Estado no autorizaba a las dos oficinas a disponer de la información personal.

El 8 de septiembre, el juez Juan Ambrosio Huenumilla aplicó ese criterio en Roca e invalidó la imposición de biometría facial y geolocalización para 25 trabajadores amparistas. En Viedma, el 13 de octubre fue rechazada una suspensión pedida por UPCN, sin resolver el fondo. El conflicto expone un criterio de apropiación: tener una función legítima no habilita al Estado a disponer de cualquier dato de una persona.

La admisión escrita del Gobierno

El 13 de octubre, el gobierno de Weretilneck presentó Soy Río Negro y RíoBot 2.0. El ministro Milton Dumrauf prometió devolverle tiempo a la gente; el Gobierno destacó seguridad y soberanía tecnológica. La aplicación reúne accesos a servicios y el bot atiende y envía mensajes por WhatsApp. Las políticas publicadas incorporaron proveedores, plazos, derechos y BAJA: garantías sobre asuntos que Estado Intruso había llevado al debate público y legislativo.

En esa escritura quedó registrado el mecanismo que el Gobierno defendía. La sección 12 de la política de RíoBot permite cargar listas de organismos, «aunque esas personas no hayan escrito a RioBot». Modernización autoriza la carga y el envío utiliza Kapso y WhatsApp/Meta; puede llevar nombre o localidad. La persona recibe el contacto y después puede pedir BAJA. Su número ya tuvo que ser tratado y transmitido a los proveedores para que el mensaje llegara.

RíoBot aloja conversaciones y registros en Google Cloud, en São Paulo, y prevé procesos de inteligencia artificial y seguridad en Estados Unidos. La política funda la transferencia internacional en el consentimiento mediante Acepto, pero admite avisos a quienes nunca iniciaron una conversación. El comunicado oficial del 17 de octubre defendió la aceptación de quien escribe, la seguridad y la ausencia de venta de datos. Dejó afuera, otra vez, a quien el Gobierno incorpora por una lista.

Estado Intruso reconstruyó el proceso por el cual una necesidad ciudadana puede convertirse en un recurso del poder. La maquinaria se financia con dinero público y se alimenta de información entregada para cumplir obligaciones o acceder a derechos. Weretilneck gobierna ambos extremos del recorrido: el Estado que exige el dato y la estructura que decide a quién escribirle. El ciudadano aporta su información y sostiene con sus impuestos la capacidad del Gobierno para intervenir en su vida privada.